Votos para el monarca

Para algunos sectores de la población el largo camino hacia la democracia se corona con la obtención del sufragio efectivo. En América Latina las visicitudes de los gobiernos electos por la vía legitima en países de larga tradición autoritaria hacen pensar que en la escalinata hacia los estados democráticos la legimitad electoral es un punto de partida más que de llegada.

Los últimos 20 años representaron la caída de las dictaduras militares y de partido que controlaban el continente americano desde México hasta la Patagonia, sin embargo esta transición en el poder no se tradujo automáticamente en prosperidad y desarrollo y menos aún en calma política. México es un ejemplo claro de cómo se puede alcanzar la madurez electoral sin tener grandes logros en el tema de la reforma del estado. El estado mexicano fue diseñado bajo el paradigma del partido único , el presidente detentaba el poder personal más alto en la jerarquía del estado , los otros poderes de la unión y las autoridades estatales estaban en línea con la estrategia presidencial. Como en una monarquía el jefe del ejecutivo designaba a su todo poderoso sucesor. Lo que aconteció durante 70 años es que la figura jurídica del presidente de la república se debilitó progresivamente frente a los otros poderes, los supuestos teóricos del sistema priísta no contemplaban escenarios como no contar con el control del poder legislativo o la coexistencia del poder federal de un partido con los estatales de otro. Tampoco estaba listo para admitir la participación ciudadana auténtica ya que era una potencial desviación de la línea necesaria para preservar intacto el poder presidencial. Eventualmente los ciudadanos eran absorbidos por la estructura del partido y colocados en alguno de sus escaños , pero nunca como una organización fuera de la cadena de mando de éste.

Por lo tanto , el reclamo ciudadano de elecciones limpias se hizo realidad en un entorno apenas preparado para la transición democrática. Dos elementos convergieron para generar la escasa gobernabilidad con la que cuenta nuestro país. Por un lado las pocas facultades constitucionales del presidente de la república en la promulgación de leyes, lo cual se presta al sabotaje legislativo en época electoral , más aún en un entorno tan volátil respecto al equilibrio de fuerzas de los partidos políticos. La ausencia de un contrapeso ciudadano al ejercicio del poder permitió que las facciones políticas utilizaran su presencia en el estado para desatar una auténtica batalla campal en aras de obtener las porciones más grandes en el reparto del poder. Las encuestas revelan el desencanto ciudadano ante sus representantes, desilusión que bien podría ser traducida como impotencia ante la falta de reglamentación necesaria para cumplir con sus garantías constitucionales.

El único avance en esa materia durante los últimos años ha sido la creación del IFAI y la Ley de Transparencia, sin embargo de muy poco sirve tener a la mano información sobre el accionar de los gobernantes si no existen los mecanismos necesarios para castigarles ante sus faltas o incidir en la toma de decisiones críticas para sus gobernados. La única entidad federativa donde se ha permitido a los habitantes decidir sobre la continuidad de un gobierno es el distrito federal , sin embargo es también la entidad más rezagada en materia de transparencia, por lo que los plebiscitos adquieren un caracter de confirmación de filiación política o simpatía personal. Además los plebiscitos no reflejan por sí sólos avances en materia democrática, son de hecho un estadio intermedio entre el régimen autoritario de antaño y el estado democrático. El único poder real de la ciudadanía en un este punto es el poder de sufragar , así que se convoca a elecciones con mayor frecuencia , aunque en el "interregno" no tenga injerencia en sectores críticos de la vida social del país.

Durante este sexenio no se hizo un esfuerzo significativo por descentralizar instituciones que deben quedar fuera de la puja por el poder en un escenario de altas probabilidades de alternancia. Algunas de estas instituciones son la educación pública , la recaudación fiscal , el ministerio público y el desarrollo social. No es casual que estos sean los ejes en torno a los cuales debe girar el desarrollo del país y que su paso a segundo plano tras los intereses partidistas es motivo del estancamiento en el que se encuentra nuestra nación respecto a otras que han sabido entender los retos inherentes a la constitución de un estado democrático.

Rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año , no existe en la plataforma de ninguno de los más serios competidores propuestas concretas que hagan pensar en obtener (o al menos iniciar) una profunda reforma al estado. Todas las propuestas se centran en intentar amainar los problemas sociales más urgentes pero tomando como base los residuos del sistema autoritario heredado de la hegemonía priísta , incluída la desequilibrada relación de los tres poderes con los ciudadanos. Aunque en el corto plazo se pueden ver resultados interesantes el mediano y largo plazo volverán a topar a la sociedad mexicana con su rezago democrático y para es entonces el costo de oportunidad será enorme. Interesante reflexión para nuestros candidatos.